El mundo del espectáculo cubano se vio sacudido el pasado 28 de julio cuando la actriz Amarilys Núñez anunció públicamente, a través de su perfil de Facebook, una demanda por difamación contra el también actor y director Tony Arroyo. La controversia gira en torno a supuestas acusaciones de plagio que habrían sido atribuidas a Arroyo contra el esposo de la actriz, Miguel Martín López.
«DENUNCIA a Antonio Arroyo por difamación. Por favor mi nombre ha sido mancillado, les pido que compartan. Estos documentos se le notificarán al señor Arroyo por las vías legales y judiciales», escribió Núñez en su publicación, acompañada de fotografías que muestran la documentación legal correspondiente.
El conflicto se originó a partir de un artículo publicado el 24 de julio de 2025 en el sitio web infoflashmundo.com, titulado Escándalo en redes: Tony Arroyo acusa al esposo de Amarilys Núñez de plagio internacional. Según la documentación legal presentada por el Dr. Efrén Santos Pascual, abogado que representa tanto a Núñez como a su esposo Miguel Martín, en dicho trabajo periodístico se atribuyen de forma directa y explícita a Arroyo acusaciones contra Martín por presunto plagio.
Sin embargo, el aspecto más controvertido del caso radica en que, según los representantes legales de la pareja, el artículo no adjunta pruebas documentales ni referencias verificables sobre las supuestas declaraciones de Arroyo.
Miguel Martín López, propietario de la empresa Audiovisual Edición Media España, y su pareja Amarilys Núñez alegan estar siendo difamados a través de Facebook por Antonio Arroyo, quien supuestamente los acusa de haber plagiado la telenovela Puerto Lamargo y de haberla vendido y producido años después en la televisión francesa, acusándolos además de haberse lucrado económicamente con dicha producción.
La gravedad del asunto se intensifica por el alcance mediático que habría tenido la controversia. Según la denuncia presentada en Madrid, España, la publicación habría tenido «gran repercusión» a través de «numerosos periódicos», causando a los demandantes «graves daños reputacionales y emocionales».
El documento legal incluye un «requerimiento de retractación por declaraciones atribuidas», dirigido específicamente a Tony Arroyo. En este requerimiento, los abogados de Núñez y Martín establecen un ultimátum claro: Arroyo tiene un plazo máximo de 72 horas para pronunciarse pública y expresamente sobre la veracidad de las manifestaciones que se le atribuyen en el artículo mencionado.
Las opciones presentadas son contundentes. Si no emitió tales declaraciones, se le exige que publique una retractación pública desmintiendo haber realizado dichas acusaciones, con el objetivo de reparar los daños causados. Por el contrario, si efectivamente realizó esas afirmaciones, se le solicita que las ratifique públicamente, asumiendo su autoría y justificando su base factual y documental, conforme a los principios de veracidad exigidos legalmente.
La estrategia legal es particularmente astuta: el documento advierte que, de no recibir respuesta ni observar pronunciamiento alguno dentro del plazo establecido, Núñez y Martín considerarán que Arroyo consiente tácitamente la autoría de tales manifestaciones. En ese escenario, se reservan el derecho a ejercitar acciones legales no solo contra él, sino también contra el medio que difundió la información, por vulneración de sus derechos fundamentales.
Hasta el momento de esta publicación, al menos que nos conste, Tony Arroyo no se ha pronunciado públicamente respecto a la demanda presentada en su contra. El silencio del actor y director mantiene en suspenso la resolución de esta controversia que ha captado la atención del público interesado en el mundo del espectáculo cubano.
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